En las últimas semanas nos hallamos inmersos en una batalla política de calado, disfrazada de solución “económica”, ante la situación de falta de recursos propios de una parte de las entidades financieras de nuestro país, especialmente las Cajas de Ahorros. La “alternativa única” preconizada por el FMI y “los mercados” (grandes fondos de inversión, algunos bancos y grandes especuladores que son los tenedores de los bonos emitidos por las entidades financieras españolas) no es otra que la conversión de las Cajas de Ahorros en Bancos privados. A esta solución se han apuntado desde el principio el Banco de España y el Gobierno. La denominada “bancarización” de las Cajas, además de poner en riesgo la acción social que se desarrolla mediante la distribución de una parte de sus excedentes (el “dividendo social”) a través de la Obra Social, supone entregar esta “Banca social” al capital privado. Y cuando hablamos de la Obra Social, nos preocupa especialmente la destinada directamente a asistencia social y sanitaria (715 millones de euros en 2010, de un total de 1747 millones de euros destinados a Obra Social). Cerca de 20.000 entidades de asistencia social de todo tipo cubren buena parte de sus programas asistenciales gracias a la Obra Social de las Cajas.
La “bancarización” es la alternativa interesada perseguida con ahínco, desde hace años, por la Banca privada y por todos aquellos que consideran una anomalía la existencia, durante muchos años exitosa, de entidades financieras con finalidad social.
Lo que se nos presenta como solución “técnica” para las Cajas, que se conviertan en sociedades anónimas para así poder acudir a la bolsa para reforzar su capital, es en realidad una solución política que produce de inmediato la pérdida de cerca de 20.000 empleos.
Los problemas de las Cajas son producto de la ruptura del equilibrio ahorro/inversión que se ha producido en los últimos años en muchos países y en España en particular. Ante la demanda de crédito producto del modelo de desarrollo perverso de este país (fundamentalmente ladrillo) las Cajas tomaron dinero prestado en el exterior, gracias a unos tipos de interés extremadamente bajos. Estos bonos que vendieron en los mercados a unos plazos relativamente cortos (entre 3 y 5 años) sirvieron para conceder hipotecas a 30 o más años y créditos a los promotores. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha producido morosidad, tanto de particulares como promotores, pasando un ingente parque inmobiliario a las Cajas, lastrando sus cuentas de resultados y consumiendo parte de sus reservas e impidiendo, al tener un alto nivel de morosidad, que se les renueve el crédito en los mercados para poder hacer frente a los vencimientos de los bonos emitidos. Tenemos pues, dos problemas: solvencia y liquidez.
Hasta ahora, el FROB ha concedido créditos y avales para emisiones, pero el Gobierno –siguiendo recomendaciones de la Unión Europea- se plantea que esto no es suficiente, que las cajas deben incrementar con urgencia su capital para ser solventes y les plantean una disyuntiva: si en breve plazo no consiguen capital para reforzar la solvencia, serán temporalmente nacionalizadas.
¿No hay otras alternativas? Pensamos en la UGT que no se ha querido buscar otras vías o soluciones. Apuntaremos aquí alguna.
La cantidad de inmuebles que se han adjudicado las Cajas por los impagos y los terrenos e inmuebles sin vender ofrecidos en garantía por los promotores podrían ser adquiridos por el estado y cedidos para su explotación en régimen de alquiler a la simbólica Agencia Estatal del Alquiler. En lugar de conceder créditos a través del FROB, la adquisición de los inmuebles limpiaría buena parte de los balances, evitaría desahucios y ampliaría el mercado de alquiler permitiendo a muchos ciudadanos el acceso a una vivienda.
Por último, no acertamos a entender que se quieran aplicar de inmediato, los requisitos de capital de Basilea III, cuando en el resto de Europa serán de aplicación en 2012, una vez más, consideramos que ante un hecho de gran trascendencia, volvemos a actuar con excesiva precipitación y escasa reflexión.
Desde UGT seguiremos defendiendo, como siempre, nuestro modelo de Cajas y, en todo caso, si el Gobierno se plantea nacionalizar, que no sea de manera temporal, que se aproveche esa intervención para recuperar una fuerte Banca pública que sirva para la recuperación económica garantizando el crédito a los trabajadores y a la pequeña y mediana empresa en mejores condiciones que la Banca privada.
José Miguel Villa, Secretario General de la Federación de Servicios de UGT
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